Farmacias de Turno
Ver horarios  
Farmacia Sindical
 
Simbolo de Militancia
  

Por medio de su abogado, doctor Rodrigo Cuellar Aliaga, el Sindicato utilizó el derecho a réplica ante la publicación, en la edición del pasado domingo, de una nota con la doctora Paula Villanueva, patrocinante de un grupo de afiliados que reclama la devolución de un dinero. También se refirió a la situación del barrio de las 148 viviendas.

 El Sindicato de Luz y Fuerza de Pergamino, por medio de su abogado, Rodrigo Cuellar Aliaga, solicitó el derecho a réplica ante las declaraciones de la doctora Paula Villanueva, que representa a afiliados de dicha organización sindical, en el marco de una nota aparecida en la edición de LA OPINION del pasado domingo.

Dicha nota se refería a la denuncia de un grupo de afiliados que se considera perjudicado por el supuesto incumplimiento en la devolución de un porcentaje del sueldo que oportunamente fuera aportado. “Es necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a la publicación, porque considero que la confusión que pueda tener la opinión pública va a ser importante”, dijo Cuellar Aliaga. Tras señalar que su réplica era hacia los dichos de su colega, dijo que “en primer lugar cuando se trata de esta denuncia penal a la que considero totalmente innecesaria, hay que ser claro en que ese 2 por ciento que pertenece a jubilación y no a un fondo compensador, que son cosas totalmente distintas fue decidido por la Resolución Nº 268 en un congreso de la Federación Argentina de Luz y Fuerza para que sea reembolsado a los sindicatos y no a los afiliados, y que en definitiva sean los sindicatos los que resuelvan en sus asambleas, qué iban a hacer con ese dinero. En el caso de Pergamino el mismo secretariado fue el que propuso a sus afiliados efectuar la devolución a las personas. Esas devoluciones comenzaron de acuerdo a las remesas que hizo la Federación Argentina de Luz y Fuerza y en un momento se suspendieron porque hubo problemas con la obra social de la  Federación, por lo cual el Sindicato necesitó paliar situaciones puntuales de afiliados. El Sindicato fue pagando esas asistencias con pleno conocimiento de la Federación y la propia Federación luego reembolsaría, una vez que reactivara la obra social”.

 El abogado continuó diciendo que “algunos de los afiliados no estuvieron de acuerdo con este mecanismo, el cual fue informado a todos los sectores, y empezaron con estos reclamos”. Ante ellos, aseguró que “las respuestas del Sindicato nunca fueron evasivas” y agregó que de haber sido así, “no existirían asambleas al respecto, ni notas publicadas en las vitrinas de la Cooperativa para conocimiento de todos los afiliados”.

 

La denuncia  

Cuellar Aliaga dijo luego que en el mes de enero de este año “estos afiliados que no estaban de acuerdo con este mecanismo de asistencialismo a raíz del corte de la obra social, intimaron al Sindicato a que se realice el pago” y que “la respuesta que se brindó es que se iba a llevar adelante el mecanismo, previa asamblea extraordinaria a convocar en el plazo de 60 días. Esa respuesta fue a fines de enero de este año y en los primeros días de febrero estos afiliados interponen una denuncia penal hablando de una supuesta defraudación o retención”. En su opinión, “no era una respuesta acorde sino que simplemente podrían haber manifestado una disconformidad. De todos modos la asamblea se realiza y se decide que ese dinero de las remesas de la Federación no se devuelva a los afiliados sino que se retenga en las arcas del Sindicato para eventuales atenciones que debieran realizarse ya sea a la farmacia sindical, la obra social o cuestiones personales de los afiliados que no cubra la obra social, y así se pueda tener un sistema de asistencialismo médico y farmacológico para todos. Incluso hubo mociones para que el dinero que se había resuelto devolver a los afiliados, no se devolviera. Pero el secretariado, a sugerencia de la asesoría letrada, dijo que esa devolución debía realizarse”.

Por otra parte dijo que “no es cierto que la Federación resuelve devolver el dinero a los afiliados sino que decide devolver ese dinero a los sindicatos, y son estos los que tienen la facultad y la potestad para decidir qué hacer con esos fondos”, remarcó el abogado. “Iniciada la causa penal –continuó lo primero que hizo el fiscal fue un oficio a la Federación para saber  qué dinero había enviado. Vino la respuesta e incluso le aclara que esos montos eran remitidos al Sindicato para que este resolviera qué hacer. Luego el fiscal envió oficios a los bancos en los que el Sindicato tiene cuentas corrientes o plazo fijo, y las respuestas fueron coincidentes con el monto que informó la Federación. Por eso aseguramos que no existe desaparición de dinero, sino que esa plata está en las arcas del Sindicato y eso está comprobado mediante un oficio judicial enviado por el fiscal Lasarte”. “Por eso –remarcó Cuellar Aliaga no se puede hablar de la comisión de un delito, me parece desmedido utilizar esa forma, por cuanto a una Fiscalía se le solicita la investigación sobre la posible comisión de un delito”.

Asimismo el abogado enfatizó que “el Sindicato siempre se ha manejado con absoluta claridad; de hecho en varias de las notas se ha invitado a los afiliados reclamantes a asistir a la sede del Sindicato a revisar la totalidad de la documentación”. “Ese dinero que reclaman está en las arcas del Sindicato y se les va a devolver en un tiempo próximo”, remarcó.

Allanamiento

Por último, dijo que el allanamiento que ordenó el fiscal Lasarte y que dio origen a la nota en cuestión, “no se realiza por una supuesta desaparición de dinero. Para que no se comprenda mal hay que decir que no se hizo ese procedimiento en busca de dinero, sino de libros. No es que el fiscal decide allanar porque busca el dinero sino que pretende hacerse de la documentación que refleje cuál ha sido el movimiento dentro del Sindicato de estos fondos y lograr resolver sobre la cuestión”.

Viviendas

En otro orden, en la misma nota se habla del conflicto con los adjudicatarios del barrio del Sindicato, que vienen reclamando por sus viviendas que aún no están. “De los 270 afiliados que tiene el Sindicato solamente 11 son reclamantes del 2 por ciento. Por otro lado, de los 148 adjudicatarios de las viviendas hay 21 reclamantes y ninguno es afiliado al Sindicato”, comenzó diciendo Cuellar Aliaga.Luego pasó a explicar la versión de las cosas del Sindicato: “En el caso de las viviendas también considero que la denuncia es una medida excesiva y con una falta de comunicación absoluta, porque esas cuestiones se podrían haber encaminado en el seno del Sindicato, sin necesidad de hacer este tipo de denuncias para agitar las aguas en busca de un resultado.“Aquellos preadjudicatarios  que en su momento firmaron el contrato y se  ligaron al pago de determinadas cuotas, fue a afectos de la compra del terreno más la infraestructura que es toda la documentación que tiene que realizarse para concretar la compra. Todo eso se hizo y existe documentación, escrituras públicas y resoluciones del Instituto de la Vivienda que así lo certifican:

boleto de compraventa, escritura de compra, resolución de asamblea de donación al Instituto de la Vivienda para poder ingresar a un plan de viviendas, oferta de donación mediante escritura pública y aceptación de donación por resolución del Poder Ejecutivo provincial. A partir de allí comienza la gestión del Sindicato para que efectivamente se logre ingresar el expediente administrativo en el Instituto de la Vivienda para que se acepte el presupuesto y se comience con el envío de las remesas para el inicio de las obras.

“Esto no es automático, depende de las decisiones y oportunidades políticas y económicas de la Provincia, por eso se ha ido dilatando. Pero esa dilatación no es a los efectos de malversar fondos o defraudar a la gente, sino que el dinero que en su momento entregaron los preadjudicatarios fue invertido en el lote, de lo contario no estaría el expediente administrativo hecho. Pasa que después ocurre una serie de trastornos y defasajes administrativos y financieros que escapa a la gente y al Sindicato. Es decir que lo que en los años 2007, 2008 y 2009 se había pactado como metro cuadrado de edificación, obviamente que a estas épocas no tiene nada que ver en cuanto a los montos. Entonces hubo que hacer un replanteo que lleva su gestión. Por suerte ahora gracias a la buena predisposición del Instituto de la Vivienda e incluso de la Nación, estamos próximos a hacer el nuevo convenio para

replantear la contratación de acuerdo a las normas que rigen a los planes de vivienda”.